La acción popular : regulación actual y líneas de futuro

Abstract

Desde sus orígenes históricos, el singular instituto de la acción popular en nuestro sistema procesal penal ha sido objeto de numerosas críticas por parte de algunos sectores de la doctrina científica y por órganos de gran trascendencia en el devenir del proceso penal como el Ministerio Fiscal. Lejos de sucumbir a estos ataques, no necesariamente carentes de sentido y fundamento, un adecuado juicio de ponderación nos obliga a defender esta figura jurídica en su máxima expresión, sin restringir el catálogo delictivo en el que cabe su ejercicio ni mermar las facultades jurídicoprocesales en que se concreta este. Por medio del estudio de la normativa articuladora del régimen legal vigente de la acción popular, concretada en los ámbitos objetivo, subjetivo y formal, tendremos la ocasión de observar algunas de las disfunciones que acompañan a esta institución, a las que trataremos de darles solución en la propuesta de lege ferenda que se hará posteriormente. Por consiguiente, el principal cometido de este trabajo es el de cohonestar la virtualidad de este derecho constitucional (art. 125 CE), que evita que el monopolio de la acción penal quede en manos del Ministerio Fiscal, con el establecimiento de concretas medidas correctivas por la vía de reforzar el control jurisdiccional de la solidez de la acusación en aras de evitar el ejercicio perverso, fraudulento o abusivo de la acción popular, subyaciendo a todo lo anterior un notorio ánimo reivindicativo del valor de esta institución para dar efectividad al ordenamiento jurídico defendiendo los intereses del conjunto de la sociedad.

Since it’s historycal origins, the singular institute of class action in our court system has been subject of criticism by some sectors of the scientific doctrine and by bodies of great trascendence in the future of criminal process, such us Prosecutor Ministery. Far from giving up to this attacks, not necessarily unreasonable, a proper weighting trial forces us to defend class action in it’s full expression, without restricting the criminal catalog that applies to it’s exercise, neither deminishing the procedural-legal faculties in wich it specifies itself. Through the study of articulatory regulations of valid legal regime used in class action, specified in the objective, subjective and formal spheres, we’ll have the chance to study some of the dysfunctions that come along this institution, to wich we will try to solve in the lege ferenda proposal, elaborated later in this text. Therefore, this work’s main task is to cohonest the virtuality of this consitutional right (art. 125 of the Sapanish Constitution), that prevents the monopoly of criminal action from being entirely held by Prosecutor Ministery, with the establishment of concrete corrective measures, reenforcing jurisdictional control of accusation strength, in orde to avoid the fraudulent or abusive exercise op class action, underlying all the above a notorius popular claim to the value of this institution to pay effectivenes to the legal system, defending the interest of society as a whole.