La legislación laboral española bajo el punto de mira del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Abstract

Las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcan el camino a seguir por los órganos nacionales en materia laboral sobre muchas cuestiones en las que se aprecia la contravención del Derecho Europeo por las normas internas. España está en el punto de mira respecto a varias cuestiones que ponen el acento sobre el régimen de contratación laboral y el elevado número de contratos que se firman de esta naturaleza, sobre todo en el ámbito de las Administraciones Públicas. El grueso de este estudio se ocupa de la jurisprudencia sentada a partir de septiembre de 2016 sobre derechos indemnizatorios que ha sido modificada en nuevas sentencias dictadas en enero de 2018. No olvidamos referenciar algunas otras cuestiones sobre las que se ocupan otras sentencias europeas también muy recientes. La institución europea estudia la adecuación de las legislaciones nacionales respecto a la legislación supranacional europea y ello puede conllevar modificaciones legislativas para afrontar la necesaria adecuación a la que obliga el principio de primacía.

The judgments issued by the Court of Justice of the European Union mark the way forward for the national labor bodies on many issues in which it appreciates the contravention of European law by internal rules. Spain is in the spotlight on several issues that put the accent on the employment contract regime and the high number of contracts that are signed of this nature, especially in the field of Public Administrations. The bulk of this study deals with the jurisprudence established as of September 2016 on compensation rights that has been modified in new judgments issued in January 2018. We do not forget to mention some other issues that are dealt with by other European judgments that are also very recent. The European institution is studying the adequacy of national legislation with regard to European supranational legislation and this may lead to legislative changes to face the necessary adaptation to which the principle of primacy requires.