Transcripción y traducción forense : características y su uso durante el proceso, el proceso judicial, propuesta de criterios comunes

Abstract

El presente estudio contribuye a presentar de forma detallada el panorama de la lingüística forense en España, más concretamente la situación de la transcripción y traducción forenses durante el proceso judicial. Cada vez son más comunes los delitos investigados en los que se requieren las transcripciones de las grabaciones telefónicas y cada vez es más frecuente la implicación de delincuentes extranjeros en los mismos. Es por esto que el estudio en el campo de la transcripción y traducción forenses es cada vez más necesario, pues la globalización y la libre circulación de personas han contribuido al aumento de individuos que emigran. Todo esto supone la necesidad de adaptación de los principales organismos de un estado receptor de inmigración, que han de saber reaccionar ante esta situación con el objetivo de poder garantizar al individuo extranjero que sus derechos son respetados una vez que están fuera de su país. Los objetivos principales de este estudio son, por un lado demostrar que la transcripción forense podría tenerse en cuenta como una prueba independiente durante el proceso judicial (ya que actualmente la legislación indica que ha de ir siempre acompañada de su grabación original) y por otro lado se tratará de mostrar la necesidad de unificar unos criterios comunes y universales de transcripción y su facilidad para llevar esta tarea a cabo. La metodología utilizada para demostrar tales hipótesis será el uso de sentencias de la legislación española en las que aparece la transcripción como instrumento adicional de grabaciones tanto en español como en lenguas extranjeras. Además, se elaboran una serie de encuestas para poder conocer de forma más directa la opinión que tienen los agentes de la policía judicial, los secretarios judiciales y los jueces con respecto a la situación de la transcripción y traducción forenses en España. Como conclusión cabe destacar la escasa legislación existente respecto a la transcripción y la poca valoración de la figura del intérprete profesional en el proceso judicial. Además, es evidente la excesiva responsabilidad dada a la policía judicial y a los secretarios judiciales para elaborar y validar las transcripciones, así como la falta de unificación de criterios de transcripción y el uso de intérpretes no cualificados durante la traducción de conversaciones telefónicas. Veremos que todo esto contribuye a la existencia de errores que podrían tener consecuencias graves y que podrían evitarse si la tarea de la trascripción y traducción la llevasen a cabo profesionales de la lengua como lo son los traductores e intérpretes profesionales con una formación adecuada.