Latin@s and social movements in the Obama years

Abstract

Although the social movement that crossed race, class, sexuality and gender lines before 2008 was exemplary, there is now another type of social movement that has emerged. This movement, led by conservative right wing groups, has been stirring racial divisions by using the economic crisis to scapegoat immigrants. At the same time, the promises of the Obama Administration have not been kept. Instead, under this administration’s immigration policies close to one million deportations have occurred nationally, the implementation of a Secure Communities program has led to arbitrary arrests for minor offenses and violated the due process rights of both citizens, and an existing program of employee immigration-status verification has led to as many as 19,000 people that have been mistakenly identified as being deportable. The ingredients of a social movement are still visible but the strategies have shifted to local organizing efforts that, in California, have resulted in legislation supporting: cities opting out of E-Verify, the right of AB540 students to attend college with financial aid, the right of people without a driver’s license to stop the impounding of their cars, and the establishment of a pilot program designed to protect undocumented workers who pay state income taxes. This paper focuses on these various trends and the prospects for future systemic change.

A pesar de que el movimiento social que tuvo lugar antes del año 2008 y que traspasó los límites de la raza, clase social, sexualidad y género fue ejemplar, en nuestros días ha surgido otro tipo de movimiento social. Este movimiento, dirigido por grupos conservadores de derechas, ha provocado divisiones raciales mediante el uso de inmigrantes como cabezas de turco durante la crisis. Al mismo tiempo, no se han cumplido las promesas de la administración Obama. Por el contrario, bajo la política migratoria de esta administración se han producido cerca de un millón de deportaciones a nivel nacional, se ha puesto en funcionamiento un programa de Comunidades Seguras que ha dado lugar a detenciones arbitrarias por delitos menores y se ha violado el derecho a un juicio justo tanto de inmigrantes con la ciudadanía como de los que no la tienen. Además, el programa existente de verificación del estado de empleo de los inmigrantes ha causado que alrededor de 19.000 personas hayan sido erróneamente identificadas como deportables. Los ingredientes del movimiento social son todavía visibles, pero las estrategias se han transformado en esfuerzos a nivel local que, en California, han dado lugar a una legislación que respalda a las ciudades que optan por no apoyar el E-Verify, el derecho de los estudiantes sujetos a la AB540 a recibir ayudas económicas para ir a la universidad, el derecho de las personas sin carnet de conducir a que no se les incauten sus coches y el establecimiento de un programa piloto diseñado para proteger a los trabajadores indocumentados que pagan impuestos estatales. El presente artículo se centra en estos aspectos y en las expectativas de cambio en el futuro.